La inactividad municipal en materia de ruidos vulnera los derechos fundamentales


Las cuestiones de ruido que se discuten en el proceso no son de legalidad ordinaria, sino de garantía de derechos fundamentales.

09/10/2017

        La Sala del Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, en sentencia de 19 de mayo de 2009, ha estimado el recurso de apelación interpuesto por Urdax51 Abogados (hoy ALCAN, Abogados y Economistas), por el procedimiento especial en materia de derechos Fundamentales, frente a la inactividad municipal en materia de ruidos de un local de ocio.

        La sentencia señala que el proceso versa sobre la incidencia de la contaminación acústica en los derechos fundamentales que reconocen el artículo 15 y los apartados 1 y 2 del artículo 18 de la Constitución Española en la interpretación que de ellos ha hecho el Tribunal Constitucional, en particular en su Sentencia 119/2001 y, luego, en la 16/2004, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre el derecho a la vida privada del artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos a partir de su Sentencia de 9 de diciembre de 1994 (caso López Ostra contra el Reino de España), seguida en las posteriores de 19 de febrero de 1998, (caso Guerra y otros contra Italia) y en la de 8 de julio de 2003 ( caso Hatton y otros contra Reino Unido), de tal forma que “No son cuestiones de legalidad ordinaria las que se discuten en este proceso, sino de garantía de derechos fundamentales”.

        En este sentido la sentencia manifiesta que la Comunidad Foral de Navarra es una de la Comunidades Autónomas de España donde con mayor rigor y precisión técnica se ha legislado en protección del medio ambiente, y la entidad municipal lesiona los derechos fundamentales en la medida que no aplica la Ley Foral 4/2005, de 22 de marzo, de intervención para la protección ambiental, ni tampoco el Decreto Foral 135/1989, de 8 de junio, por el que se establecen las condiciones técnicas que deberán cumplir las actividades emisoras de ruidos o vibraciones que obligan a la suspensión de actividades, en caso de infracciones graves y la adopción de medidas correctoras.

        En definitiva, dice la sentencia, “hay obligaciones normativas que el Ayuntamiento incumple tolerando las actividades denunciadas, respecto a las cuales incluso amaga con sancionar formalmente, iniciando algún procedimiento sancionador que no prospera en su tramitación. Esta tolerancia supone, dentro de la infracción de su posición de garante respecto a la no emisión del ruido nocivo, una comisión por omisión que se traduce en la apreciación de la vulneración del derecho de los recurrentes”.

 

           Texto íntegro de la sentencia