Nulidad de Ordenanza Municipal de Plusvalía


La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado una importante sentencia de 7 de noviembre de 2017 estimando un recurso de apelación interpuesto por ALCAN, Abogados y Economistas declarando nula de Pleno derecho la Ordenanza Municipal de un Ayuntamiento de Navarra.

28/11/2017

        La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado una importante sentencia de 7 de noviembre de 2017estimando un recurso de apelación interpuesto por ALCAN, Abogados y Economistas declarando nula de Pleno derecho la Ordenanza Municipal de un Ayuntamiento de Navarra.

        Como es de sobra conocido, el Tribunal Constitucional en sentencia de 5 de junio de 2017 estimó la cuestión de inconstitucionalidad 686-2017 planteada por la Sala del TSJNA, declarando que los arts. 175.2, 175.3  y 178.4 DE LA Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo de Haciendas Locales de Navarra, son inconstitucionales y nulos, “pero únicamente en la medida que  someten a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor”, por entender no es constitucionalmente posible someter a tributación la generación de una renta irreal como puede ser, eventualmente, la que resulte de la aplicación de los preceptos declarados inconstitucionales.

        Por ello, la Sala entiende que, al haberse solicitado la nulidad de la Ordenanaza  Fiscal reguladora del  Impuesto, debe ser declarada nula desde su misma fecha  al carecer desde tal momento de cobertura legal “ya que la Sentencia del Tribunal Constitucional de  5-6-2017  declara que son ex origine los efectos de la anulación de los preceptos que le amparaban y el art. 1 de dicha Ordenanza  expresamente dice que la exacción  se establece al amparo de lo dispuestos, entre otros, en los preceptos anulados por la sentencia de T.C.”

        La sentencia, por tanto, aun cuando no lo resuelve expresamente, abre la vía a considerar que todas las liquidaciones de plusvalía dictadas al amparo de los preceptos anulados, serían nulas, con independencia de que se acredite o no la existencia de incremento de valor, en la medida en que el propio TC tiene dicho que no cabe aceptar que se ha dejado al libre arbitrio del aplicador (a los entes locales, en vía de gestión, o a los órganos judiciales, en vía de revisión) la determinación de los supuestos en que nacería la obligación tributaria y la elección, en cada caso concreto, del modo de llevar a cabo la determinación del eventual incremento o decremento.

        La cuestión, también la tenemos planteada ante la Sala en recurso de casación autonómico, por lo que toca esperar.

 

          Texto íntegro de la sentencia