Fraude de ley en la determinación de los criterios de valoración de la oferta económica


Procede la nulidad del pliego en el que la ponderación de la oferta económica resulta prácticamente irrelevante, de modo que la discrecionalidad del órgano de contratación en la valoración de los criterios subjetivos será la determinante en la selección del adjudicatario del contrato.

09/10/2017

        El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Navarra ha dictado una importante resolución con fecha 17 de junio de 2015 por la que anula un Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, en la medida en que la fórmula elegida por la entidad contratante distorsiona de una manera muy importante la ponderación atribuida al precio.

        El TACPNA afirma en su resolución que, se trata de determinar si la fórmula elegida en los PCAP para valorar el criterio de adjudicación precio permite otorgar la totalidad de la puntuación que dice otorgar, porque si la puntuación nominal no coincide con la puntuación real, nos encontraremos en presencia de un fraude de ley.

        ALCAN abogados y Economistas planteaba en su reclamación que la cláusula contenida en el PCAP vulnera los principios de concurrencia, transparencia y objetividad al no respetar la exigencia establecida en el artículo 51 LFCP de que un 50 por 100 de la puntuación se corresponda con criterios que puedan valorarse mediante fórmulas frente a criterios subjetivos, defendiendo que la cláusula aparentemente, parece respetar el límite del 50 por 100 exigido para la valoración mediante fórmulas pero en la práctica, la diferencia real de puntuación asignable mediante criterios objetivos es de 2,25 puntos, pues las puntuaciones por el criterio precio únicamente pueden variar entre 42,75 y 45 puntos, teniendo en cuenta que se consideran anormalmente bajas las ofertas inferiores en cinco puntos porcentuales.

        Por ello, el TACPN afirma que resulta preciso distinguir entre criterios de adjudicación, valorables mediante fórmulas matemáticas o dependientes de juicio de valor, y reglas para valoración de los mismos, concluyendo de acuerdo con nuestra reclamación que la ponderación de la oferta económica resulta prácticamente irrelevante, de modo que la discrecionalidad del órgano de contratación en la valoración de los criterios subjetivos será la determinante en la selección del adjudicatario del contrato, por lo que procede su anulación.

 

          Texto íntegro de la Resolución